Pero volvamos al caso: dada la naturaleza de los hechos, sin lucro de nadie, sin lesionar derechos y a la luz del desarrollo de una operación urbanística, en Torrejón, de la que se beneficiaron un buen número de vecinos con el acceso a viviendas sociales, nunca pensé que las acusaciones originales y el proceso judicial subsiguiente fuera comparable con otros casos protagonizados por ediles o cargos públicos de la derecha. La buena voluntad era evidente. Podía haber errores administrativos pero no un delito. Menos aún de prevaricación. Pero eso no quiere decir que a lo largo de este año se haya actuado de manera políticamente justa y con coherencia desde el máximo órgano de dirección de Madrid.
Quiero decir que el proceso judicial, que afortunadamente se ha saldado de manera favorable para Trinidad Rollán (y para el PSM) vino acompañado de una actuación política errática por parte de la Comisión Ejecutiva regional y de su secretario general. En otras palabras: una cosa no puede difuminar o enterrar la otra y no parece de lo más oportuno utilizar la sentencia como elemento de descalificación hacia todos aquellos que, dentro y fuera del PSM, pensamos, desde el mismo momento en que se hizo pública la sentencia del TSJM en enero de 2011, que los socialistas debíamos actuar, de manera firme, sin duda alguna, separando de los órganos de dirección a quien ha sido condenado por los tribunales. Ése es un principio irrenunciable. Si somos defensores del mismo en todos los casos, afecten al partido que afecten, no podemos establecer la excepción de puertas para adentro: incluso considerando injusta (o radicalmente injusta), como era el caso, la resolución de los tribunales. Tal principio obliga a todos los socialistas con independencia de la naturaleza de las decisiones judiciales.
¿Por qué digo que a lo largo de este año no se ha actuado de manera políticamente justa? Me explico:
Desde enero de 2011 ha habido unas elecciones municipales y autonómicas, unas elecciones generales y unas elecciones asturianas y andaluzas. En ese tiempo, en Madrid, la opinión pública (una opinión pública especialmente sensible hacia la izquierda cuando se trata de irregularidades, sean corrupción o no) ha recibido un mensaje nítido: pese a la resolución condenatoria de un tribunal, la Comisión Ejecutiva decidía mantener en su cargo a uno de sus miembros. Contra viento y marea, sin pensar en el efecto que esa decisión podía tener entre los electores, en los apoyos sociales del partido y sin tener en cuenta la instrumentalización diaria que iban hacer de la misma los medios de comunicación: unos de manera abierta como los medios cercanos al PP; otros exponiendo objetivamente la incongruencia del PSM (con su reflejo en la opinión pública a nivel nacional, obviamente). Y no podemos olvidar que si bien la Ejecutiva actúa hacia la militancia, el sujeto destinatario objetivo de sus actuaciones son los ciudadanos, que deben ver ejemplaridad y rigor en su práctica política y que son quienes deciden darnos o quitarnos el apoyo en las urnas..
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Manuel Vivo. "Shweppes". 1999 |
Es bueno para todos, pero especialmente para ella y para la organización de Torrejón (y muy malo para Esperanza Aguirre y para el PP), que el Tribunal Supremo haya enmendado la plana al Superior de Madrid y haya restablecido la inocencica de Trinidad Rollán. Me alegro y todos los afiliados deben alegrarse porque la sentencia es buena para el PSM. Su trayectoria política (no me gusta, tal y como ha hecho Gómez, hablar de "carrera", dejemos las carreras para el deporte y para la "vida civil") queda limpia y podrá asumir, si así lo decide el conjunto del partido, nuevas responsabilidades en el futuro.
Ahora bien: utilizar la sentencia como arma arrojadiza contra quienes aún considerándola inocente pensamos que no debía ser miembro de la Ejecutiva hasta que los tribunales declararan esa inocencia no sólo es un despropósito político, sino que es una forma de autoritarismo absolutamente contradictorio con la democracia interna, con la tolerancia y con el respeto al discrepante. Hoy, desde la óptica de la normativa interna del partido, sí puede ocupar cualquier cargo. Entre enero de 2011 y la fecha en que el Supremo dictamina, no. Lo queramos o no lo queramos.
Concluyo: el sistema judicial debe cambiar (tenemos que cambiarlo: el "caso Garzón" ha puesto de relieve sus fallas y sus graves limitaciones), pero también debemos ser coherentes en todo momento. Es decir, ese sistema judicial, que condenó a Trinidad en enero de 2011 es el mismo que la ha declarado inocente en marzo de 2012. En otras palabras: el nuevo fallo no convierte en acierto lo que un año antes fue un error político más que notable. Por tanto, sobran las afirmaciones vehementes y las descalificaciones y falta prudencia. En este caso y en otros. A ello me referiré en próximas entradas.